El 87,48 % de los contenidos digitales consumidos en 2015 fueron ilegales

La piratería no remite según pone de manifiesto el Observatorio de la Piratería en su informe relativo a 2015. El acceso ilícito aumenta en series, videojuegos, libros y fútbol. El año pasado hubo 4.307 millones de accesos ilegales a contenidos por valor de 24.058 millones de euros, produciendo un lucro cesante de 1.669 millones.

La piratería digital sigue batiendo récords en España y perjudicando gravemente a creadores e industrias culturales y de contenidos digitales: el 87,48 % de todos los contenidos consumidos en 2015 eran ilegales, y solo el 36 % de accesos fueron legales, un cuatro por ciento menos que el año anterior. El porcentaje de consumidores que accedió ilícitamente a contenidos en internet subió hasta el 63 % desde el 58 % registrado en 2014.

Estos son algunos de los datos que recoge el Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2015, elaborado por la consultora independiente GfK y presentado hoy por la Coalición de creadores e industrias de contenidos y LaLiga. “La situación demuestra que las medidas tomadas por el Gobierno no han sido suficientes y es urgente aplicar con eficacia la legislación vigente”, señala Carlota Navarrete, directora de la Coalición.

El estudio ha incorporado por segundo año consecutivo datos acerca de la incidencia de la piratería en las series de televisión y en las retransmisiones de partidos de fútbol además de las fuentes de ingresos de las páginas web que ofrecen los contenidos pirateados.

Lucro cesante

En total, durante 2015 se accedió ilegalmente a 4.307 millones de contenidos digitales, con un valor de mercado de 24.058 millones de euros. El valor total del lucro cesante por la piratería fue de 1.669 millones de euros. Los accesos ilegales se repartieron del siguiente modo según contenido: música (20 %), películas (37 %), videojuegos (14 %), libros (15 %), series (30 %), y fútbol (11 %).

El 62 % de los consumidores que acceden a contenidos ilegales lo justifican argumentando que “los contenidos originales son muy caros”. Además, entre los motivos expuestos destacan la “rapidez y facilidad de acceso” (55 %); “ya pago mi conexión a internet” (53 %); y “no pago por un contenido que posiblemente luego no me guste” (47 %). Es muy significativo el aumento de las justificaciones “no estoy haciendo daño a nadie” y “no hay consecuencias legales para el que piratea, ya que no pasa nada”, actitud que han adoptado en 2015 un 29 y 26 % de usuarios, respectivamente, frente a un 19% en 2014. Estas motivaciones son expresadas tanto por consumidores de contenidos culturales y de entretenimiento como de retransmisiones de fútbol, lo que evidencia que se trata de un problema generalizado y que faltan mensajes claros por parte de la Administración.

El 71% de los usuarios que contratan internet tiene en cuenta principalmente que la velocidad de la conexión le permita acceder a contenidos con mayor rapidez. Un 56 % valora especialmente la oferta concentrada (packs de ADSL o fibra más contenidos) a la hora de elegir a la compañía con la que contratar internet.

Fuentes de ingresos

Respecto a la forma de acceso se constata un notable crecimiento del uso de buscadores para acceder a los contenidos ilegales, que pasa del 72 al 81 %, siendo Google el utilizado en nueve de cada diez accesos a contenidos piratas.

Más de un 74 % de las webs desde las que se accedió a contenidos ilegales están financiadas por publicidad (frente al 71 % en 2014). De dicha publicidad, casi el 75 % corresponde a sitios de apuestas y juego online (70 % en 2014), el 53 % a sitios de contactos (43 % en 2014) y más del 41 % a contenido para adultos (33 % en 2014).

Llama especialmente la atención que más de un tercio de la publicidad en sitios piratas corresponde a productos de consumo de marcas de prestigio de alimentación, moda, seguros, telefonía, etc., lo que confirma la urgente necesidad de una mayor colaboración entre industria y anunciantes para mejorar el ecosistema de la publicidad online.

En cualquier caso, las fuentes de ingresos de estos sitios son variadas, destacando especialmente que un 36,4 % de los consumidores tuvo que registrarse como usuario cediendo datos de carácter personal, que los piratas recopilan en bases de datos que se usan en campañas de emailing comercial y alcanzan precios muy elevados en el mercado. Los sitios piratas también consiguen datos con mucho más valor del que se puede suponer a priori y que les permite obtener importantes beneficios económicos, como por ejemplo los hábitos de navegación en la web, otras páginas web que visita el consumidor, sus preferencias, cosas que le gustan, qué compra…

Asimismo, los medios de pago juegan un papel importante en el funcionamiento de los sitios piratas, especialmente en los casos en que estos sitios comercializan cuentas premium, reciben donaciones o sistematizan el envío de mensajes de móvil al usuario registrado para informarle de la existencia de nuevos contenidos en la web. Los usuarios que han pagado alguna vez por el contenido que ha descargado de estas páginas alcanza el nueve por ciento (era el cinco por ciento en 2014).

Repercusión en el sector

La repercusión de la piratería en el empleo aporta cifras aún más preocupantes para los creadores y las industrias culturales y de contenidos. En un sector que emplea actualmente a 58.557 trabajadores directos, un escenario sin piratería permitiría crear 21.672 nuevos puestos de trabajo directos, lo que supondría un incremento del 37 %, y unos cien mil empleos indirectos.

Las arcas públicas dejaron de recibir por culpa de la piratería 337 millones de euros en concepto de IVA, así como 162 millones en cotizaciones a la Seguridad Social y casi 48 millones de euros en IRPF. Es decir, el Estado dejó de ingresar en 2015 un total de 547 millones de euros a causa de los accesos ilegales a contenidos.

El volumen de películas al que se accedió ilegalmente durante 2015 fue de 878 millones, cuyo valor en el mercado es de 6.907 millones de euros.

El 37 % de usuarios accede ilícitamente a contenidos, mientras que el nueve por ciento accede a películas digitales legalmente. El 36 % de los accesos se produjo cuando la película aún se estaba proyectando en salas de cine.

Un 30% de usuarios accede ilegalmente a series de televisión, sumando 950 millones los capítulos reproducidos o descargados ilícitamente durante 2015. Su valor en el mercado es de 1.567 millones de euros.

El 46 % de los accesos tuvo lugar durante el periodo de emisión en televisión (41 % en 2014).

En lo que respecta a los videojuegos, fueron 225 millones los accesos ilegítimos durante el año pasado. El valor de estos productos alcanza los 5.710 millones de euros.

Más del 52 % de los videojuegos a los que se accedió ilegalmente estaba en el mercado desde hacía menos de un año (40% en 2014). El 14% de los consumidores accede a videojuegos online de forma ilícita.

En cuanto al fútbol, uno de los contenidos premium más demandados, durante 2015 se visualizaron de forma ilegal un total de 141 millones de partidos de fútbol en dos millones de hogares españoles. El valor de mercado de dichas retransmisiones supera los 410 millones de euros.

El 21 % de los internautas acceden al fútbol a través de accesos ilegales. Los motivos para visualizar las retransmisiones pirateadas más destacadas son que “los futbolistas ya ganan mucho dinero” alegan el 75 % y “acceder a través de otros sistemas es muy caro”, un 72 %. “Ver el fútbol sin pagar no perjudica a mi equipo ni a nadie” son los argumentos del 50 % de los internautas que siguen ese hábito. Estas razones se apoyan en que, según un 40 % de los usuarios, “lo hace todo el mundo” (33 % en 2014).

Las medidas más eficaces contra la piratería a juicio de los propios internautas serían bloquear el acceso al sitio web que ofrece los contenidos (65%) y desarrollar campañas de concienciación social (52%). Después de esas dos, según los consumidores, las mejores medidas para reducir las infracciones serían sancionar tanto a las operadoras y proveedores de acceso a internet (58%) como a los usuarios infractores, bien con multas (49%), bien restringiéndoles el uso de internet (40%).

Reacción desde el Ministerio

Tras conocer el informe del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales presentado por La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte indica que la lucha contra la piratería en Internet es una prioridad para el Gobierno. Las medidas adoptadas tanto legislativas, como institucionales y operativas, comienzan a dar resultados, defienden desde el ejecutivo.

Respecto al informe el Ministerio pone de relieve que la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2014-2015, estadística oficial de carácter cuatrienal que forma parte del Plan Estadístico Nacional, publicada en septiembre de 2015, refleja que respecto a las descargas gratuitas de vídeo -tanto lícitas como ilícitas-, al contrario de lo que recoge el estudio de La Coalición, se observa un descenso del porcentaje de personas que han realizado descargas y una ralentización del aumento en el caso de música (del 18,3% respecto al 17,7% del periodo anteriormente investigado).

A su juicio, el dato cuantitativo de las descargas no se puede obtener con certeza en España, dado que el Tribunal Supremo ha declarado que la IP de un usuario es un dato personal conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, lo que imposibilita saber cuál es el número de descargas ilegales ni tampoco distinguir las ilegales de las legales, ya que las operadoras de telecomunicaciones no pueden facilitar esos datos y no son cifras que ofrezcan las webs infractoras. La Coalición ha presentado, a juicio del Ministerio, “un estudio estimativo de opinión encargado por parte interesada, cuyas conclusiones no pueden validarse en lo que se refiere a los datos de acceso a las webs vulneradoras, al no venir éstos respaldados por cifras objetivas y contrastables”.

Frente a estos datos, otras cifras objetivas, como son el número de visitas que reciben las webs (índice Alexa), indican que antes de la entrada en funcionamiento de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) en marzo de 2012, entre las 250 webs más visitadas en España había casi 30 dedicadas a alojar contenidos ilegales o a proveer enlaces a dichos contenidos ilegales. A 17 de marzo de 2016 sólo hay 12 en ese ranking, y están en posiciones más bajas en cuanto al número de visitas, lo que contribuye a reducir y dispersar ese tráfico. Además, de las 12 web más visitadas en el Top 250 de Alexa, sólo 4 tienen vínculos identificados con España.

El estudio de La Coalición también incluye, no obstante, otros datos que sí son objetivos y cuantificables: los referentes a la evolución de los mercados de contenidos protegidos por derechos de autor desde 2001 hasta 2015. En todos los casos la tendencia entre 2001 y 2011 describe un descenso pronunciado del volumen de dicho mercado, si bien a partir de 2012 se alcanza un punto de inflexión en el que este descenso se detiene, e incluso la tendencia se revierte ligeramente al alza.

Este cambio de tendencia coincide con la entrada en vigor las reformas legales introducidas por el Gobierno para combatir la piratería en Internet y facilitar la oferta legal. Estas son el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, la posterior modificación de la Ley de Propiedad Intelectual por medio de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, y la modificación del Código Penal que entró en vigor en julio de 2015, así como, en cuanto a la mejora de los mecanismos de mediación, arbitraje y determinación de tarifas que faciliten la oferta legal, el Real Decreto 1023/2015, que desarrolla las funciones de la Sección Primera de la CPI, y la Orden ECD/2574/2015, que aprueba la metodología para determinar las tarifas generales en materia de explotación de derechos de propiedad intelectual.

En este periodo, marzo 2012 hasta marzo de 2016, la Sección Segunda de la CPI ha recibido 458 solicitudes que presentan los titulares de derechos de propiedad intelectual, de las que se han resuelto expresamente cerca de un 95%, habiendo afectado a 267 webs vulneradoras, de las cuales 257 han retirado todos los contenidos identificados y que se ofrecían ilícitamente. Se han producido también 34 casos de ceses completos de actividad (por cancelación del dominio por las Autoridades españolas o cierre voluntario de la propia web), y 3 resoluciones de la Audiencia Nacional autorizando el bloqueo, en territorio español, de 6 webs objeto de actuaciones de la Sección Segunda de la CPI y según lo resuelto por ésta.