Брюссель признал незаконным помощь, полученную Сьюдад-де-ла-Луз
La Comisión Europea, tras un largo proceso de estudio que inició en 2008, considera que estas ayudas “distorsionan enormemente la competencia entre los principales estudios de cine europeos”.
El complejo cinematográfico Ciudad de la Luz de Alicante deberá devolver los 265 millones de euros en concepto de ayudas recibidas de manos de la Generalitat Valenciana. La Comisión Europea ha dictaminado este martes que estas ayudas son ilegales, por lo que deberán devolverse.
Bruselas, tras un largo proceso de estudio que inició en 2008, considera que estas ayudas “distorsionan enormemente la competencia entre los principales estudios de cine europeos”. El vicepresidente de la Comisión y comisario europeo de Competitividad, Joaquín Almunia, ha asegurado que “no sólo no hay necesidad de gastar dinero púbico para financiar a un nuevo operador cinematográfico sino que, además, ello penaliza a los estudios ya existentes y a posibles interesados en entrar al mercado, que tienen que operar sin financiación pública.En el actual entorno económico, las consecuencias pueden ser desastrosas”.
La Comisión parte de la idea de que, con el plan de negocios de la Ciudad de la Luz sobre la mesa, ningún inversor privado habría concedido el 100% de la financiación, por lo que la inyección económica sólo puede considerarse como una ayuda pública. Estas ayudas serían únicamente justificables alegando motivos de desarrollo cultural y regional, aspectos estos sobre los que hasta ahora ha hecho hincapié el gobierno valenciano.
Desde esta perspectiva, la Comisión aduce que “España no ha demostrado que los beneficios del proyecto para el desarrollo regional compensen las distorsiones de competencia generadas por una cantidad tan alta de ayuda pública”.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, anunció ayer su decisión de recurrir el fallo. “Esta aportación no se puede entender como una ayuda estatal, sino como la de un inversor privado dentro de una economía de mercado, que es lo que decían los estudios y las auditorías previas”, afirmó Fabra.
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