Nuevas posibilidades para el sector privado ante la reforma de la Ley General del Audiovisual

El anteproyecto de reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual abre las puertas a la externalización de informativos en las televisiones públicas y eliminará la necesidad de que la mayoría de la programación sea producción propia, abriendo un amplio abanico de posibilidades para el sector privado.

Además de dar luz verde a que las comunidades autónomas elijan el modelo que quieren para sus autonómicas (público, privado o mixto), el anteproyecto de reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual que prepara el Gobierno abrirá las puertas a la externalización de los informativos y relajará la cuota de producción propia.

De aprobarse finalmente el texto se retirará de la ley la prohibición que que los entes puedan “ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos y de aquellos que expresamente determinen los mandatos marco que para cada ente se aprueben en desarrollo del marco competencial correspondiente”.

Ello que supone la implantación de un nuevo modelo de gestión de contenidos informativos, en el que se podría adjudicar a una productora, mediante concurso, la elaboración de toda o parte de la programación informativa y de actualidad. Aquí está la clave de la novedad, puesto que hasta la fecha se había permitido sacar a concurso la producción y realización de la programación de las televisiones públicas, excepto los informativos.

Producción propia

En producción, se flexibilizará la cesión a terceros de las funciones de la producción y edición de determinados programas.
El segundo de los instrumentos se basa en eliminar la obligación de que la mayoría de la programación de las televisiones públicas sea de producción propia. Esto abrirá un amplio abanico de posibilidades para el sector privado.

Así, con la reforma se eliminarán los párrafos de la Ley General del Audiovisual relacionados con la obligación de los entes públicos a impulsar la producción propia de su programación “de forma que ésta abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas”.

En cuanto al modelo de gestión, el anteproyecto permitirá que las comunidades autónomas determinen los modos de gestión del servicio público de comunicación audiovisual, que puede consistir, entre otras modalidades, en la gestión directa, en la gestión indirecta o en diferentes instrumentos de colaboración público-privada.

Ya que la Ley Audiovisual se refiere al conjunto de los entes públicos, estas modificaciones podrían tener también impacto en TVE, aunque en este caso la Corporación se rija también por la Ley de Radio y la Televisión de Titularidad Estatal y la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.