El Gobierno aprueba el proyecto de Ley Audiovisual

El nuevo marco jurídico regulará nuevas tecnologías ya presentes en el mercado como la TDT de pago, la tv en movilidad, la alta definición y la interactividad. Asimismo, prevé la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, la posibilidad de que los operadores puedan destinar parte de lo que están obligados a invertir en cine a series de televisión y la renovación automática de licencias o la prohibición de la pornografía.

El Consejo de Ministros en su reunión de hoy ha aprobado el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que establece un marco jurídico básico para el sector audiovisual, “una asignatura pendiente de la democracia”, según la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien también ha afirmado que este nuevo marco intentará “establecer reglas de juego” en un sector muy tocado por la crisis pero con “infinitas posibilidades de futuro”. La prohibición de emitir pornografía, la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisual, la posibilidad de que los operadores puedan destinar parte de lo que están obligados a invertir en cine a series de televisión y la renovación automática de licencias, son algunos de los puntos clave de este proyecto.
La futura ley que ahora pasará al Congreso es en realidad una transposición de la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2007, estableciendo un marco básico para la ordenación del mercado audiovisual. Además, regula algunas de las nuevas tecnologías que ya están tomando posiciones en el mercado audiovisual como la TDT de pago, la TV en movilidad, la alta definición y la interactividad.

La mitad del tiempo de emisión, a obras europeas

De prosperar finalmente el texto, las televisiones estatales y autonómicas estarán obligadas a reservar a obras europeas el 51% del tiempo de emisión anual de cada canal o conjunto de canales de un mismo prestador, con exclusión del tiempo dedicado a informaciones, manifestaciones deportivas, juegos, publicidad, servicios de teletexto y televenta. A su vez, el 50% de esa cuota queda reservado para obras europeas en cualquiera de las lenguas españolas. Sólo el 10% de ese tiempo se reservará a productores independientes del prestador del servicio, mientras que un 5% deberán ser obras producidas en los últimos cinco años.

El proyecto mantiene también la obligación de financiar la producción europea contribuyendo anualmente con el 5% de los ingresos devengados en el ejercicio anterior correspondientes a los canales en los que emiten estos productos audiovisuales con una antigüedad menor a siete años desde su fecha de producción, a la financiación de la producción europea de películas cinematográficas, películas para televisión y, la novedad en esta ley: series para televisión, así como documentales y productos de animación. Las cadenas públicas deberán, sin embargo, destinar el 6% a la producción europea de películas cinematográficas. Como mínimo, el 60% de esta obligación de financiación deberá dedicarse a películas cinematográficas. De este importe, al menos el 50% deberá aplicarse a obras de productores independientes.

Licencias por quince años

Uno de los aspectos destacados del proyecto de Ley Audiovisual es la ampliación a quince años del período de concesión de licencia, actualmente en diez, reconociéndose por vez primera la posibilidad de arrendar o ceder la licencia en determinadas condiciones. También se recoge una petición demandada por las privadas desde hace años: la renovación automática si se cumplen determinados requisitos, entre ellos estar al corriente de pago de la tasa sobre reserva del dominio público radioeléctrico y que ningún otro operador haya solicitado, en los seis meses previos a su vencimiento, una licencia similar.También como un derecho de los titulares de las licencias regula el acceso condicional o de pago, limitándolo a un 50 por ciento de los canales concedidos a cada licencia garantizando una extensa oferta de televisión en abierto. Además, regula la inclusión de contenidos publicitarios, conforme a los criterios establecidos por la Directiva Comunitaria y el régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual y, especialmente, de aquellos que requieran licencia o concesión y autorización administrativa previa.

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