En 2013 se incautaron más de 51 millones de euros de artículos que vulneraban derechos de propiedad intelectual

Por sectores, el más perjudicado fue el de los soportes de almacenamiento digital (CDs/ DVDs/ANÁLOGOS) con el 81,6% del total.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollaron 700 intervenciones y detuvieron o imputaron a 423 personas por infracciones contra los derechos de propiedad intelectual en el año 2013. Asimismo, se incautaron 240.598 objetos valorados en más de 51 millones de euros.

Éstos son los principales datos del balance de las intervenciones contra las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual, publicado hoy por el Ministerio del Interior conjuntamente con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y en colaboración con la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA), asociación adscrita al Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

Cabe destacar que éste es el primer año que se aportan datos de intervenciones realizadas por los Cuerpos de Policía Local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC).

Los hechos conocidos que vulneran derechos de propiedad intelectual presentan estabilidad respecto al pasado año, marcando un ligero descenso del 0,4%. Asimismo, bajan respecto a 2012 las detenciones e imputaciones (-4,3%) y la cantidad de objetos intervenidos (-8,9%).

Por Comunidades Autónomas, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña figuran con el mayor número de operaciones policiales efectuadas en la lucha contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial.

La valoración de la mercancía intervenida (51.240.466 €) experimenta un incremento sustancial respecto al año anterior, debido sobre todo a la mejora de la codificación estadística, que permite concretar la tipología concreta de objetos intervenidos durante el año 2013, lo que facilita una valoración más precisa. Esta valoración se refiere exclusivamente a la mercancía aprehendida, y no entra a calcular el perjuicio económico derivado de la explotación en Internet de derechos de propiedad intelectual no autorizada por los titulares de los citados derechos.

Por sectores, el más perjudicado fue el de los soportes de almacenamiento digital (CDs/ DVDs/ANÁLOGOS) con el 81,6% del total.

Asimismo, si se parte de los puntos de incautación de mercancía, los dos principales lugares donde se realizan mayores intervenciones son la vía pública (34,6%) y el domicilio (33,7%).

Internet

En el ámbito de la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet, la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) ha dispuesto, desde el 1 de marzo de 2012, de una Sección Segunda competente en el procedimiento administrativo-judicial de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en Internet.

Corresponde a la Sección Segunda el ejercicio de las funciones frente a la vulneración de los derechos de propiedad intelectual por los responsables de servicios de la sociedad de información según lo previsto en la Ley 34/2002 y en la Ley de Propiedad Intelectual a través del referido procedimiento administrativo-judicial, el cual se entiende sin perjuicio de las acciones civiles o penales que, en su caso, sean procedentes.

Desde el inicio de su actividad, el 1 de marzo de 2012, y hasta el 31 de mayo de 2014, se han presentado, ante la Sección Segunda de la CPI, 409 solicitudes, de las cuales se han resuelto expresamente 362 (88,51% de las solicitudes presentadas).

Dentro de esas resoluciones expresas, debe señalarse que, de las 174 webs afectadas/requeridas (entre ellas webs de enlaces), 172 han retirado hasta el momento los contenidos identificados por la CPI que ofrecían ilícitamente, y entre ellas 24 han cesado por completo en su actividad: 5 webs con extensión de dominio “.es” han sido canceladas, a instancia de la CPI, por la entidad pública Red.es y 19 páginas webs han cerrado completamente a raíz de las actuaciones de la Sección Segunda de la CPI, ya sea como consecuencia de requerimientos de información o de su notificación como interesados tras la resolución de un acuerdo de inicio.

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