Producción independiente y plataformas: los dos pilares de la nueva Ley del Cine

El Gobierno ha aprobado la esperada Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que destaca por adoptar la definición de productora independiente propuesta por la industria y por ampliar su alcance a nuevos servicios de “distribución, explotación y difusión”.

La nueva norma, que se contempla dentro del Plan España, Hub Audiovisual de Europa, tiene por objetivo impulsar y fomentar la producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales; además de establecer tanto condiciones que favorezcan su creación y promoción, como medidas para la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual español.

La Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual se adapta a los avances y transformaciones que ha experimentado el sector desde que entró en vigor la Ley actual en 2007, alineándose con la normativa europea en la materia. En este periodo, el ejecutivo identifica que se  han incorporado “nuevos contenidos y servicios de distribución, explotación y difusión”, por lo que se ha decidido ampliar el campo de acción normativa al audiovisual en su conjunto, sin perjuicio de que la actividad cinematográfica continúe manteniendo un especial nivel de atención y protección.

Producción independiente

La Ley del Cine destaca por su compromiso con los sectores independientes y la autonomía creativa. En línea con este enfoque, mantiene la definición de productora independiente reclamada por el sector, lo que se traducirá en que “la dotación de las convocatorias de ayudas se destinará mayoritariamente a productoras independientes, y no a las obligaciones recogidas en la Ley de Comunicación Audiovisual”, subraya el propio ejecutivo.

Del mismo modo, la norma apuesta por la transversalidad ampliando su alcance a todas las fases de creación y promoción de un proyecto (escritura, desarrollo, pre-producción, distribución…), así como se incide en apoyar también la exhibición; la internacionalización; la organización de festivales, premios, mercados y eventos profesionales; los proyectos de investigación, alfabetización cinematográfica y audiovisual y creación de audiencias; las actividades de formación; los nuevos formatos, nuevas tecnologías y actividades de I+D+i; o la conservación del patrimonio.

También como novedad, la Ley considera que el Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual reservará siempre un porcentaje significativo de su dotación exclusivo para la actividad cinematográfica, aunque incluya otras formas audiovisuales, como series.

Diversidad, apoyo a salas, patrimonio y plataformas

La Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual hace hincapié en el fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas oficiales distintas del castellano. Del mismo modo, la reserva del 35% de la dotación de ayudas a producción reservada a mujeres a través de las órdenes de ayudas pasa ahora a ser una obligación recogida en la Ley que deberán cumplir todas las ayudas a producción, y será requisito para ayudas de largometrajes y distribución la incorporación de sistemas de accesibilidad. Del mismo modo, las empresas que aspiren a ser beneficiarias de ayudas públicas deberán cumplir con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.

En lo referente al apoyo a las salas de cine, todas las salas cinematográficas podrán acceder a las ayudas a la exhibición, aunque se mantendrá la especial atención a las salas independientes o de núcleos rurales. También se mantiene la cuota de pantalla (el porcentaje que los exhibidores han de reservar a cine nacional y europeo): pasa de un 25% a un 20%, e incluye cine latinoamericano y cine dirigido por mujeres.

La Ley, además, incide en la importancia de la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual. Para ello, se modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español para incluir expresamente el Patrimonio Audiovisual y Cinematográfico como integrante del Patrimonio Histórico Español. La Filmoteca Española pasará a calificares como Bien de Interés Cultural (BIC) y, además de contemplar la creación de ayudas específicas para la conservación del patrimonio audiovisual, se determina que los beneficiarios de ayudas públicas deberán entregar a Filmoteca Española los materiales necesarios para la mejor conservación del patrimonio.

Por otro lado, la nueva norma indica que las empresas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual (plataformas) deberán aportar datos de visionado de obras audiovisuales, al igual que hacen las salas de exhibición. La regulación reglamentaria del sistema será la que determine los ámbitos temporal, geográfico y de volumen de negocio para aportar los datos de visionados. Este proyecto se llevará a cabo a través de una comisión en la que participará, junto con el ICAA, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Nuevo Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura audiovisual

En favor de la “cooperación público-privada”, la nueva Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual contempla la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura audiovisual en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley.

Este Consejo se define como “una herramienta para el diálogo, la comunicación y la cooperación en el ámbito de la cinematografía y la cultura audiovisual” compuesto por representantes de asociaciones y organizaciones de los sectores, de la administración estatal, autonómica y local, y vocales de reconocido prestigio que abordarán cuestiones de políticas públicas, alfabetización audiovisual o patrimonio, entre otras.