El Ministerio de Industria ordena el cese de nueve canales de TDT

El Supremo en una resolución dictada este jueves advierte que superado el plazo del 6 de mayo, adoptará las medidas que marca la ley incluyendo la imposición de sanciones económicas.

El Tribunal Supremo ha dado de plazo hasta el 6 mayo para que los operadores privados de ámbito nacional cierren nueve canales de televisión, adjudicados en 2010 sin que se convocara concurso público. El Supremo en una resolución dictada este jueves advierte que superado este plazo, adoptará las medidas que marca la ley incluyendo la imposición de sanciones económicas.

Ante este panorama, Atresmedia se veía obligada a apagar tres canales, Mediaset dejará de emitir dos, al igual que Veo TV y Net TV. Si bien la compañía que recurrió estas frecuencias, Infraestructuras y Gestión 2002, reclama que se considere nula la adjudicación de otros ocho canales.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo ha requerido al Ministerio de Industria para le indique “el órgano concreto responsable” del cumplimiento “íntegro y efectivo” de la sentencia que el alto tribunal dictó el 27 de noviembre de 2012 y del auto de ejecución de la sentencia del 18 de diciembre de 2013.

El Supremo considera que los dos meses de plazo otorgados para llevar a cabo esta medida comienzan a contar el 6 de marzo pasado, cuando entró en Industria el requerimiento para la ejecución del fallo. Para el Supremo, no existen problemas técnicos ni jurídicos que impidieran el cierre de los canales afectados ya que “la hipotética complejidad de ejecución no es una razón para su demora”.

Acto seguido, el Ministerio de Industria ha requerido a los cuatro operadores nacionales de televisión para que cesen la emisión de nueve canales antes del 6 de mayo.

A juicio de la patronal del sector, UTECA, “en estos dieciocho meses el Ministerio de Industria ha tenido la oportunidad, como ha hecho en otros sectores, de subsanar el defecto administrativo señalado por el Tribunal Supremo pues, como la sentencia reconoce abiertamente, los operadores privados han dado pleno cumplimiento a todas las múltiples y gravosas obligaciones exigidas legalmente desde 2005 hasta hoy”.

Desde UTECA acusan a Industria de haber optado por “hacer recaer su responsabilidad sobre los operadores y especialmente sobre los ciudadanos, quienes serán los principales perjudicados por esta inaudita medida, sin ningún antecedente conocido en países democráticos, que reduce drásticamente la oferta audiovisual y el pluralismo televisivo, y que supone una grave lesión de los principios de seguridad jurídica”.

Los operadores, que ya han pedido amparo al Tribunal Constitucional, ya han avanzado que utilizarán todos los medios a su alcance en el supuesto de que no se adopten las medidas necesarias para solucionar esta situación.

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