PROA cifra la aportación de las CC. AA. a la producción audiovisual en 58 millones de euros

Un estudio pionero de la Federación de Productoras Audiovisuales (PROA) reúne todas las líneas de ayudas autonómicas destinadas a la producción de obras audiovisuales y consigue arrojar una dotación total de 58 millones de euros en 2022.

Para elaborar el Estudio de las ayudas de las comunidades autónomas para el desarrollo y la producción de obras audiovisuales 2022, PROA se ha basado en las convocatorias publicadas durante el año pasado en cada comunidad autónoma. Aunque la información es de dominio público, los autores del informe señalan que “obtenerla ha sido un proceso farragoso”. Por eso hacen un llamamiento a las administraciones regionales para que ordenen las normativas y faciliten el acceso a la documentación.

Entre las conclusiones que ha arrojado el informe, PROA destaca la gran disparidad de criterios entre las distintas convocatorias, así como el proteccionismo territorial, factores que “lastran la capacidad de coproducir dentro del Estado”. El texto también arroja otras claves, como que Cataluña es la región que destina más inversión pública al audiovisual (31,29M€ de ayudas), seguida de la Comunidad Valenciana (7,8M€) y Galicia (6,19M€). O que nueve comunidades autónomas incluyen la fase de desarrollo de obras audiovisuales en sus convocatorias.

PROA ya ha hecho llegar el informe a todas las administraciones autonómicas con el objetivo de que la herramienta ayude a las instituciones a trazar una estrategia pública de financiación que englobe a todos los territorios del Estado. La Federación considera que, si se desatomizan los presupuestos destinados al audiovisual, el ecosistema se verá reforzado para conservar la propiedad intelectual de las obras. Para alcanzar ese objetivo, el estudio propone algunas recomendaciones que impulsarían el desarrollo audiovisual financiado por las comunidades autónomas. Entre ellas, destaca la unificación de definiciones en base a las que figuran en la futura Ley del Cine y la Cultura Audiovisual. Además, proponen flexibilizar los criterios proteccionistas territoriales, de modo que se facilite la cooperación entre industrias locales, la movilidad de talento y la profesionalización de los ecosistemas más frágiles.

El estudio también concluye que las líneas de ayudas deben tener en cuenta las particularidades de cada género audiovisual y apoyar las obras desde las fases iniciales de desarrollo. Para que las convocatorias recojan las necesidades reales de la industria, los autores del informe consideran imprescindible mantener abierto un diálogo permanente con el sector.

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