La Ley General Audiovisual lista para su debate en el Senado

La responsabilidad subsidiaria ante los fraudes de programas de juegos de azar y esotéricos, el diseño de un plan concreto para la creación por parte de la Corporación RTVE del centro de producción de referencia en Sant Cugat y la posibilidad de que las locales puedan emitir en cadena dentro de su Comunidad, son algunas de las principales enmiendas que el Senado en la Ley General Audiovisual.

En su trámite parlamentario, el Senado ha incluido en el texto una serie de enmiendas a la Ley General Audiovisual. De total de 432 enmiendas que ha recibido el texto, el PSOE ha presentado 27, la mayoría de carácter técnico; el PP 50; Entesa 253; el PNV 73; CiU 22, y Grupo Mixto 7.

Una de estas enmiendas incorporada al apartado segundo del artículo 7, referido a los derechos del menor, otorga a los operadores de televisión «responsabilidad subsidiaria ante los fraudes» que puedan producirse derivados de los ya famosos programas de juegos de azar y apuestas, o en aquellos relacionados con el esoterismo y paraciencia.

A propuesta del Partido Popular también se ha incluido en el primer párrafo del apartado dos que «el acceso condicional debe posibilitar el control parental». La nueva ley prohibirá la emisión en abierto de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, y en particular, programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita.

Centro de Sant Cugat y locales

Con respecto al programa que el Gobierno deberá suscribir con RTVE se ha dispuesto en el Senado que «la organización y programación de La 2 que, en todo caso, dispondrá de un plan concreto para la creación del centro de producción de referencia en Sant Cugat».

El Senado también ha incluido por iniciativa de PP y CiU una enmienda que permitiría a las televisiones locales su emisión en cadena siempre que las emisiones conjuntas se restrinjan al ámbito de la Comunidad Autónoma en la que operen.

Entre las propuestas socialistas figura también una para que el futuro Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) haga inspecciones a los operadores con rango de «autoridad pública» y para que la recaudación que se obtenga por la tasa sobre reserva de dominio público eléctrico se ingresará, como hasta ahora, en el Tesoro Público, y éste lo transferirá para su financiación a RTVE. El proyecto salido del Congreso establecía que esos ingresos se ingresarían en la futura Agencia Estatal de Radiocomunicaciones para su remisión a la radiotelevisión pública estatal.

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